A finales de junio, el Legislativo anunció que los senadores y diputados, con una amplia mayoría, votaron –queriendo dar ejemplo– la eliminación de sus propias pensiones especiales, en el contexto en el que Rumanía se comprometió mediante el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a eliminar todas las pensiones de las que disfrutan algunas categorías profesionales. La votación tiene un significado especial para toda la clase política, afirmaba entonces el presidente de los liberales, Nicolae Ciucă. Y el socialdemócrata Alfred Simonis señalaba que se trata de un primer paso hacia la reforma de todas las pensiones especiales: «no las gravamos, no las reducimos, simplemente las eliminamos. Derogamos tanto las que están en pago como las que hubieran podido entrar en pago si no fuera por esta ley», dijo Alfred Simonis desde la tribuna del Parlamento.
El Legislativo también había adoptado un acto normativo similar en un pasado no muy lejano, pero una decisión del Tribunal Constitucional impidió su implementación. ¡Lo mismo que acaba de suceder ahora! Después del anuncio de junio, a finales de noviembre llega otro del mismo Tribunal Supremo: los ex senadores y diputados pueden mantener sus pensiones especiales y el Parlamento tiene el poder de eliminarlas solo para el futuro. Los jueces del Tribunal Constitucional motivaron que, hasta su derogación, las pensiones especiales eran un derecho legal otorgado a los electos que ejercieran al menos un mandato parlamentario completo a la fecha de alcanzar la edad de jubilación, y al retirar y eliminar estas pensiones, la integridad y sustancia de un derecho legalmente adquirido se vieron afectadas.
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